La lucha contra los señores de Xibalbá: Despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal
Por Carmen Reina
Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021. Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas lo tergiversó con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo para favorecer las operaciones de la Mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.
Estamos ante una lucha como la que, según el Pop Vuh, libro sagrado de los K´iche’, los jóvenes Hunahpu e Ixbalanque entablaron contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.
El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra
La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios. Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en el Estor:
Después los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrareforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980. Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojos, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías. Esta etapa se articula a formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.
Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de tierra cultivable está en el 2% de propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario plantea que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra. En Guatemala la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.
En el caso del territorio del Polochic y el Estor, esta desigualdad es aún mayúscula, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.
Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas son quienes se relacionan con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.
Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor
Históricamente la región del Polochic y de El Estor ha sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en forma de extractivismo. Han existido ciclos y procesos específicos de invasión y de despojos de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar tierras y despojarlas a indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente de la mega carretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital, que pasamos a ver.
Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONGs o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente que fueron expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, militares y la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar la tenencia de la tierra en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]
Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional, e incluso la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tales como las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquin, Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.
Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, de Grupo Tecún se han extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]
A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.
La extracción de níquel en El Estor
La historia de la minería de níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno. Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-“, en el contexto de un proyecto militar en la zona y en la presidencia que favoreció con reducción de impuestos la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones. Pero hay hago perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´ que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor Izabal y Punzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras se recuperaron por derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la Mina.
Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de níquel S.A. -CGN- y sus componentes el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de níquel de Izabal, S.A. funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km² dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y el Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km².
En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, con el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km²), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).
En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de explotación minera. El resultado ha sido varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.
La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas del Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas la realización de una Consulta “De Buena Fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.
El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos
Antes de partir al exilio, el ahora exfiscal de la Fiscalía Contra la Impunidad, Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. Fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público de “la alfombra rusa” hacia el Presidente. Dentro de los presentes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como Representante de Mayaníquel (Solano, 2021: 28).
Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas rusas, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas por este país y que según el último convenio, tienen plazo hasta finales del 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.
La consulta amañada o el amañamiento de la consulta
Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en el Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “Consulta de Buena Fe”, con el propósito de que la Mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región del Estor y El Polochic.
En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia amparó a las Comunidades Indígenas del Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la Mina. No se respetó y por eso en 2018 la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad -CC- por violar la sentencia de las y los jueces de la Corte Suprema de Justicia –CSJ-. En el año 2020 la CC da lugar a un amparo presentado por las comunidades y la Asociación de Pescadores porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordena un cronograma para realizar la Consulta, solicitando a la CSJ ser garante del proceso. En el 2021 se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]
La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta. Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.
Al ser excluidos de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como Comunidades Indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor iniciaron un proceso de resistencia. Iniciaron un plantón el 4 de octubre para no dejar circular los camiones que abastecían a la Mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal y además de ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio que duró casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el Conflicto Armado Interno: cateos en casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres. La resistencia se desarticuló con terror militar.
Mientras tanto, la consulta amañanda siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la Consulta, todo manipulado y en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. Al primero, en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del Departamento, lejos del Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, con diputados de Izabal, alcaldes y Gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la Mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí también movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente el último se dio en el Hotel Mansiónn del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras, con el Estado de Sitio, en El Estor estaba vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se perseguía al liderazgo comunitario.
En enero de 2022, el ministro Pimentel de Energía y Minas indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo que se otorgó a la CGN nuevamente el derecho a seguir operando, sin ninguna consideración de los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos. Se impuso el poder del extractivismo con terror y con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la Corte Suprema de Justicia por lo viciado del proceso, pero con la actual cooptación del Sistema de Justicia en Guatemala, no hubo respuesta.
Reflexiones finales
Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpu e Ixbalanque libraron contra los Señores del Xibalbá. Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.
El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.
Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es solo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el Buen Vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.
Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera… ¡No a la minería!
Entrevistas
Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021.
Bibliografía
Harvey, David (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005. Rescatado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
Hurtado Paz y Paz, Laura. (2008). Dinámicas Agrarias y reproducción campesina en la Globalización. El caso de Alta Verapaz. 1970-2007. Guatemala, F&G Editores, 2008. P. 294-310.
Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala – OIEG (2021). Proyecto de extracción minera FÉNIX LEXT-049-05. Junio 2021.
Solano, Luis. (2021). “La Alfombra Mágica”: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. El Observador, Informe Especial No. 28. Guatemala, 20 de septiembre de 2021.
_____________
[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q'eqchi'es de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.
[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.
[3] En el año 2015 la Corte de Constituncionalidad resuelve a favor de comunidades Q´eqchi´ de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.
[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021
