La investigación que desnudó al gigante minero en Guatemala

Foto: Benjamin Thuau / Radio France

Todo inició en 2017, con una mancha, un balazo y una muerte, la del pescador Carlos Maaz. Maaz, junto a un grupo de pobladores de El Estor, Izabal, protestó en contra de la contaminación del lago de Izabal, que era su medio de subsistencia. Los manifestantes vieron llegar a los contingentes de la policía armados de pies a cabeza, quienes utilizaron la fuerza y la violencia excesiva frente a un grupo de personas desarmadas que solo ejercían su derecho a protestar. El asesinato del pescador fue el ápice de una investigación que se ha ido solidificando a lo largo de cinco años de cobertura y que, hoy, corona en la entrega de Mining Secrets. Una serie de textos y pruebas documentales que han puesto al descubierto las maniobras de una minera controlada por rusos, que busca apropiarse de El Estor a costa de todo.

Por Prensa Comunitaria

Prensa Comunitaria ha estado en El Estor desde 2017, cuando Maaz fue asesinado por la policía. Tras esa cobertura, continuamos documentando las irregularidades de la mina en el territorio y el acoso de las fuerzas estatales en contra de las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ que se les han resistido.

 Lo que empezó el 27 de mayo de 2017, como el seguimiento de una protesta, fue tomando forma y se ha convertido en una cobertura de largo plazo, en la que seguimos involucrados y comprometidos para visibilizar cómo la minera ha influenciado a los gobiernos de turno y a las fuerzas de seguridad para resguardar sus intereses particulares. Una relación que ha moldeado, negativamente, la vida de los pobladores.

En octubre de 2021, ocurrió un nuevo incidente de violencia que probó la influencia que la minera ha mantenido sobre el gobierno y el control que tiene sobre el territorio Q’eqchi’, una cobertura que Prensa Comunitaria realizó desde el terreno, siendo el único medio que pudo documentar, en vivo, lo ocurrido. Al igual que en 2017.

Entre el 22 y 24 de octubre, un contingente de unos 600 u 800 policías intentaron desalojar a un grupo de pobladores, entre ellos miembros de los cuatro consejos ancestrales Maya Q’eqchi’, quienes llevaban casi 20 días protestando en contra de la minera y quienes denunciaban que habían sido excluidos del proceso de preconsulta comunitaria, que le devolvería a la empresa la licencia de explotación.  

Durante ese fin de semana, la policía lanzó casi un centenar de bombas lacrimógenas para desalojar a la gente con violencia y, así, liberar el camino para la mina. Para el 24 de octubre, el municipio ya estaba sitiado con la presencia desproporcionada de policías y soldados, quienes se encargaron de ejecutar allanamientos y detenciones a los líderes que participaron en la protesta. La intervención duró un mes, y en ese tiempo, el miedo fue el único alimento que probó la resistencia antiminera.

En la cobertura de los hechos, las autoridades amedrentaron a los periodistas de Prensa Comunitaria por visibilizar la violenta invasión a El Estor.

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Un mes antes, en septiembre de 2021, Forbidden Stories, un consorcio de medios de comunicación del que Prensa Comunitaria forma parte, alertó a periodistas de América Latina y de Europa de la filtración masiva de comunicaciones que recibió de un grupo de hackers llamado Guacamaya Roja y que ponía en el centro de la atención a una empresa minera transnacional con sede en el noreste de Guatemala, de cara al Mar Caribe.

 Así, se puso en marcha un proceso investigativo que ha conllevado visitas de campo, entrevistas, reuniones a distancia y la redacción colaborativa de equipos de reporteros durante más de seis meses.

Los periodistas de Prensa Comunitaria guiaron al consorcio en la cobertura en el terreno para corroborar la información contenida en la filtración.

 En octubre, en medio del arranque de la investigación internacional de la filtración, en El Estor, Izabal, reinaba un ambiente de tensión, incertidumbre e inconformidad pues las autoridades del gobierno realizaban los preparativos para desarrollar la consulta comunitaria que la Corte de Constitucionalidad (CC) le había ordenado efectuar al Ministerio de Energía y Minas, como un requisito para devolverle la licencia de explotación minera de la empresa, que había operado 14 años sin consultar a los pobladores y que tampoco tenía un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Los indígenas Maya Q’eqchi se organizaron desde el 4 de octubre y tomaron la ruta principal de El Estor, que es la misma ruta que la minera utiliza para abastecer sus calderas de carbón, como medio de presión para exigir ser incluidos en el proceso de consulta que, desde entonces, denunciaban que buscaba favorecer a la empresa.

Durante los 20 días que la resistencia antiminera protestó, Prensa Comunitaria fue el único medio que visitó el municipio, no solo para dar cobertura y transmitir en vivo los hechos, sino para verificar en el terreno la información nacida de la filtración.

En ese tiempo, los periodistas entrevistaron a líderes locales, a pescadores, a integrantes del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi, entre otros, quienes en conjunto protagonizaron el reclamo de una consulta comunitaria inclusiva.

El resultado final de ese reporteo es el proyecto Mining Secrets o Secretos Mineros, una investigación periodística colaborativa entre 65 periodistas de al menos 20 medios del mundo, basada en la filtración de más de 8 millones de documentos y correos electrónicos con comunicaciones internas y sensibles de la transnacional minera, de origen ruso-suizo, Solway Investment Group y sus filiales en Izabal, Guatemala: la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y su procesadora Pronico.

La filtración han sido una ventana para entender cómo ha operado el proyecto minero Fénix, ubicado en El Estor, Izabal, para mantenerse activo y para expandirse fuera los límites legales permitidos en la legislación guatemalteca, muy a pesar de la oposición de los pobladores.

Pero también ha probado algo que, hasta hace unos meses, era casi imposible: comprobar con evidencias científicas y físicas que la contaminación del Lago de Izabal, el lago más grande del país, ha sido responsabilidad de la mina.

  

El origen de Mining Secrets

 La investigación deriva de varias circunstancias políticas y sociales que se desencadenaron tanto en El Estor como en la Ciudad de Guatemala y que tienen su origen en los primeros meses de 2017.

 En marzo y abril de ese año, los pescadores alertaron a la población del surgimiento de una mancha roja, de aspecto aceitoso y olor ferroso en un extremo de la playa del Lago de Izabal, que colindaba con un canal de salida de la minera.

 La empresa ha negado, desde un inicio, toda responsabilidad y ha ocultado los resultados de las muestras de agua tomadas al lago, cuyos resultados los implicaban en la contaminación de metales pesados.

 Con ayuda del gobierno, diseñaron una narrativa en la que culpaban del aparecimiento de la mancha a las algas Botryococcus braunii, una microalga planctónica verde que suele surgir en ecosistemas con altos contenidos de nutrientes, y que esto sería el resultado del derramamiento de aguas negras hacia el lago.

 Los pescadores y otros pobladores, que buscaban respuestas sobre la verdadera causa de la contaminación, se adhirieron a las mesas de diálogo del Ministerio de Ambiente que prometían encontrar una solución pacífica, pero estas funcionaron como distracción en tanto el gobierno se preparaba para reprimirlos con ayuda de la policía, a petición de la empresa.

 En mayo de 2017, el pescador Carlos Maaz cayó al suelo muerto, luego de recibir un balazo de la policía, mientras protestaba en contra de la contaminación del lago.

 La policía y el gobierno negaron su implicación en el asesinato y para quitarse de encima a los manifestantes ocho pescadores, un barbero y un periodista comunitario fueron acusados penalmente y detenidos.

 Desde entonces, toda denuncia de la situación de El Estor y del papel de la mina, ha sido censurada con acusaciones espurias en contra de los periodistas de Prensa Comunitaria y otros medios de comunicación, que han seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

 En 2019, Prensa Comunitaria se unió al consorcio de Forbidden Stories y junto a un grupo de 40 periodistas de 30 medios internacionales, contaron la historia de tres mineras que operan de forma ilegal en el mundo: el proyecto Fénix en Guatemala, la mina de oro de North Mara en Tanzania, y la extracción de arena en India.

 El proyecto fue llamado Green Blood o Sangre Verde y en ella participaron medios como France TV y Le Monde (Francia), The Guardian (Inglaterra), El Expresso (Portugal), El País (España), entre otros, quienes publicaron las historias, de manera simultánea, en julio de ese año.

 

Una filtración reveladora

 Dos años más tarde, en septiembre de 2021, el consorcio de periodistas volvió a unirse bajo la dirección de Forbidden Stories, para excavar los más de 8 millones de documentos y buzones de correo electrónico de Solway, CGN y Pronico que forman parte de la filtración de Guacamaya.

 Entre octubre de 2021 y febrero de 2022, los periodistas del consorcio y Prensa Comunitaria viajaron cinco veces al terreno para documentar la represión de la policía y el ejército, en y fuera del estado de sitio que el gobierno impuso el 24 de octubre, como castigo en contra de la población que reclamaba ser parte de la consulta comunitaria, y que, a causa de eso, incomodaba a los mineros.

 Comunitarios, pescadores, comerciantes y autoridades ancestrales participaron en las entrevistas y dieron a conocer al mundo el poder que la mina tiene sobre el territorio y sobre el gobierno.

 Los periodistas del consorcio también visitaron la empresa, hicieron solicitudes de información pública a las instituciones estatales involucradas en temas ambientales y extractivos, y enviaron una serie de cartas con preguntas dirigidas a los dueños de la compañía, a funcionarios públicos y a expertos ambientales de otros países.

 Un grupo de periodistas independientes de México, Guatemala y Estados Unidos, además de algunos académicos, se sumaron a la cobertura y crearon el proyecto periodístico The Store Project.

Prensa Comunitaria y The Store Project publicaron en sus portales los hallazgos de la investigación y republicaron el contenido de las historias de los otros aliados del consorcio, ampliando la difusión a otros medios independientes y alternativos de Latinoamérica que aceptaron difundir los secretos mineros.

La publicación de la primera parte de los Mining Secrets salió a la luz el 6 de marzo de 2022, a las 18:00 horas de Francia, a pocos días de que iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania, y mientras Guatemala se adentraba, aún más, en un período político de regresión antidemocrática.

 La investigación consta de una serie de relatos divulgados de forma simultánea, en Europea y América Latina.

 Los Mining Secrets han revelado, entre otras cosas, los vínculos de poder que la minera ha tejido durante los 11 años que Solway Group ha operado en El Estor y dan cuenta de la cooptación interinstitucional de la que una empresa es capaz cuando de salirse con la suya se trata.

 La investigación no solo comprobó la responsabilidad de la mina en la contaminación de metales pesados en el agua del lago, sino que probó la polución en el aire y las secuelas en la salud de la población, sobre todo en niños.

 De acuerdo a documentos de la filtración, la minera ha trazado una serie de planes para mantener el control del territorio y seguir funcionando con impunidad tras recibir órdenes de la corte máxima del país para suspender operaciones. También ha sido capaz de articular una mayor presencia policial para resguardar sus intereses, mediante donativos y pagos, que le han permitido instrumentalizar una serie de desalojos en las comunidades con tierras de beneficio extractivo.

 También han demostrado la compra de voluntades de las autoridades locales y del gobierno, como el pago de sobornos al Presidente de la República entregados en una alfombra (hecho investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- en el caso “Alfombra Mágica” o “La Trama Rusa”), además del pago de aportaciones económicas para fortalecer grupos de choque.

 La manipulación de la consulta comunitaria, la difusión de rumores para deslegitimar a los líderes comunitarios de la oposición, negocios con el narco, el control del puerto Santo Tomás de Castilla, y otras acciones de perfilamiento, vigilancia, persecución y criminalización de los pobladores y líderes comunitarios en contra del proyecto, también en contra de periodistas locales que han reportado al respecto, son algunos de los puntos claves de la investigación.

 Lo más importante de la filtración es que ha podido corroborar las denuncias que, por más de cinco años, ha presentado el pueblo Q’eqchi sin encontrar justicia.

 En la investigación participaron periodistas de medios como Die Zeit, El Faro, El País, Forbidden Stories, The Store Project, IStories, Le Monde, OCCPR, Radio France, RTS, Prensa Comunitaria, Süddeutsche Zeitung, SVT, Tamedia, The Guardian, The Intercept, El Expresso y Times Of Malta.

 

Las reacciones tras la investigación

 Tras la publicación de los Mining Secrets, la minera guardó silencio y solo lo rompió dos semanas después, a través de una serie de comunicados, en los que negó toda responsabilidad y advirtió de la gravedad de la filtración de documentos sensibles.

 En uno de los comunicados, admitió que su servidor fue hackeado y con esto confirmaron al mundo que los documentos filtrados son verídicos.

 Mientras tanto, el castigo de la comunidad internacional por las prácticas de la mina continúa avanzando.

 El 16 de mayo pasado, la empresa finlandesa Outokumpu canceló la relación comercial que había mantenido con Solway Group, a quien compraba ferroníquel, tras los hallazgos de una investigación propia que realizaron y que confirman las irregularidades e ilegalidades señaladas por los Mining Secrets.

 Algunos de los clientes más importantes de Outokumpu son Ikea y Bosch-Siemens, quienes le compran acero inoxidable para la fabricación de cocinas.

 Por su lado, el estado guatemalteco ha permanecido en silencio, pero la vida de los periodistas de Prensa Comunitaria en El Estor y del pueblo Q’eqchi que, valientemente, han denunciado los abusos de la mina, continúa bajo peligro.

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